Agentes de la Policía Nacional, en el marco de dos investigaciones paral...

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de dos investigaciones
paralelas, han desmantelado la infraestructura de las principales web
presuntamente dedicadas a la venta y distribución ilegal de medicamentos
en España. Además, han detenido a 33 personas y han realizado 17
registros en diferentes municipios de las provincias de Alicante (1),
Murcia (2), Madrid (3), Málaga (3), Barcelona (1), Sevilla (2), Zaragoza
(1), Castellón (1), Palma de Mallorca (1), Valladolid (1) y Valencia
(1). Las dos organizaciones desmanteladas operaban utilizando medios
tecnológicos avanzados y obtenían grandes beneficios con escaso riesgo
–superando los tres millones de euros-, blanqueando posteriormente las
ganancias de diferentes formas, entre otras, comprando moneda virtual.
Asimismo, y fruto de los registros, los agentes han intervenido más de
70.000 comprimidos/geles de medicamentos contra la disfunción eréctil,
diversas sustancias estupefacientes –líquido GH, MDMA, cocaína, popper-,
cientos de artículos informáticos y numerosas joyas de gran valor,
entre otras cosas.



La investigación se inició en mayo de 2019 cuando los agentes
detectaron las actividades de estos portales web para la venta de
medicamentos en toda España, con el consiguiente riesgo para la salud.
Si bien inicialmente su persecución resultó difícil, puesto que la mayor
parte de las operaciones se realizaban contra reembolso -lo cual
impedía la localización física de los investigados-, tras varias
gestiones policiales, los agentes identificaron dos organizaciones
criminales. La primera de ellas estaba asentada en Murcia, Madrid y
Alicante, mientras que la segunda -de origen inglés- operaba desde la
Costa del Sol. Ambas se valían de expertos informáticos y utilizaban
medios tecnológicos avanzados con la finalidad de, por un lado,
favorecer la ejecución del delito y conseguir la impunidad de sus
miembros, al tiempo que aumentaban el número de compradores; y por otro,
dificultar la investigación policial mediante la adopción de fuertes
medidas de seguridad. En este sentido, hacían uso de aplicaciones de
mensajería instantánea que contaban con métodos de encriptación y
borrado de mensajes. Además, usaban conexiones VPN para dificultar su
localización por IPs, y alojaban sus páginas web de farmacias virtuales
en servidores offshore, ubicados en países ajenos a la jurisdicción
europea o estadounidense.



Por otra parte, la investigación ha acreditado los grandes beneficios
que obtenían con escaso riesgo. Las ganancias adquiridas por la venta
de medicamentos ilegales superan los tres millones de euros, ya que su
compra supone apenas unos céntimos por comprimido en países del sudeste
asiático (principalmente la India) y su venta unitaria es de alrededor
4.5 euros, pudiendo ser incluso superior dependiendo del producto, la
cantidad o el lugar de venta. Además, se trata de una actividad
castigada con penas muy inferiores al tráfico de estupefacientes, por lo
que constituye una actividad muy atractiva para las organizaciones
criminales.



Por último, blanqueaban los beneficios obtenidos de diferentes
formas, entre ellas, comprando moneda virtual a través de empresas de
cambio o trasladando dinero en efectivo fuera de nuestras fronteras.
También disponían de cuentas bancarias en países como Chipre o Andorra, y
operaban mediante transferencias bancarias con conceptos que trataban
de enmascarar los beneficios ilícitos. Otro método que utilizaban para
blanquear el dinero consistía en comprar vehículos de alta gama en
Alemania o reservar objetos de lujo que finalmente no adquirían,
solicitando la devolución mediante transferencia con el pretexto de no
residir en el país.



Una organización asentada en Murcia, Alicante y Madrid



Tras meses de pesquisas policiales, los investigadores identificaron
una organización criminal asentada en las provincias de Murcia, Alicante
y Madrid. Ésta disponía de una infraestructura y logística, creada al
efecto, dedicada a la importación, almacenamiento, venta ilícita -a
través de Internet- y distribución de medicamentos ilegales para el
tratamiento de la disfunción eréctil. Para ello, empleaba distintas
empresas de paquetería que se encontraban en connivencia con la
organización, obteniendo así grandes beneficios.



La investigación acreditó que se trataba de una organización
perfectamente estructurada, formada por ciudadanos de distintos países,
tales como España, India, Venezuela, Colombia, Reino Unido o China entre
otros. Por un lado, los medicamentos tendrían su origen en la India,
lugar desde donde eran importados por el líder de la organización.
Después eran introducidos en España utilizando como países de tránsito
Singapur y Reino Unido. Otro importante miembro del entramado se
encargaba del seguimiento online de los envíos para, una vez
introducidos en nuestro país, gestionar con los repartidores de
paquetería la entrega de los mismos aportando direcciones de destino y
contacto ficticias. A continuación, entregaban los envíos a otra persona
de la organización para su almacenaje y custodia en un garaje ubicado
en la provincia de Murcia. Éste remitía los pedidos de los clientes a
través de las distintas páginas web que la organización gestionaba
utilizando nombres de diferentes personas –todas ellas pertenecientes a
la organización criminal- que accedían a figurar como remitentes a
cambio de una contraprestación económica. El hecho de diversificar los
envíos entre diferentes remitentes era una medida de seguridad para
evitar que a una misma persona le constasen cantidades ingentes de
pedidos cuyo posterior cobro podría levantar sospechas.



Los pedidos se gestionaban a través de tres páginas web administradas
por un informático asentado en la localidad de Alfaz del Pi (Alicante) y
eran abonados por los compradores finales en la modalidad contra
reembolso. Para blanquear los beneficios obtenidos, la organización
utilizaba diversos métodos entre los que destaca la compra de moneda
virtual. Además, los investigados hacían uso de medios tecnológicos
avanzados, de tal forma que las comunicaciones entre ellos, relativas a
la venta ilegal de medicamentos o al blanqueo de los capitales, se
producían a través de aplicaciones encriptadas o utilizando medidas de
seguridad para enmascarar la IP de conexión.

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