Anteproyecto de la ley de unidad de mercado/ El Consejo de Ministros aprueba la norma con la que las compañías españolas podrán comercializar bienes y servicios en cualquier lugar del país sin ceñirse a la legislación de cada comunidad autónoma

El Gobierno acaba con las miles de trabas autonómicas a empresas y profesionales

anteproyecto de la ley de unidad de mercado/ El Consejo de Ministros aprueba la norma con la que las compañías españolas podrán comercializar bienes y servicios en cualquier lugar del país sin ceñirse a la legislación de cada comunidad autónoma.
La telaraña burocrática tejida en los últimos treinta años empieza a deshacerse. Por primera vez desde la creación del Estado de las Autonomías, las empresas españolas podrán comercializar cualquier bien o servicio en cualquier lugar del país sin la obligación de atenerse al marasmo de leyes, normas y trámites que han creado las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta proliferación normativa, con regulaciones muchas veces contradictorias entre sí, ha supuesto un gran impedimento para la actividad empresarial. El Gobierno pretende solucionarlo mediante la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros.
El corazón de esta Ley es el principio de licencia única, que consiste en que las empresas podrán vender productos y abrir sucursales o filiales en cualquier punto de España solamente presentando la licencia de actividad concedida por la comunidad autónoma en la que tengan su sede jurídica, sin necesidad de atender a más requisitos. Por ejemplo: una compañía de alimentación de Andalucía que venda frutas y hortalizas en Asturias solo deberá cumplir los permisos exigidos por la Junta andaluza, y no los del Gobierno asturiano. La licencia obtenida en Andalucía será, de este modo, un pasaporte para establecerse en cualquier autonomía.
La misma filosofía se aplica al ejercicio de algunas profesiones que, por su naturaleza, estén sometidas a determinados requisitos técnicos por parte de la Administración. Así, a un fontanero residente en Barcelona que quiera ejercer en Madrid le bastará con disponer de la homologación catalana para desempeñar su actividad en la capital española o en cualquier otra parte. La Ley incluye la creación de un registro electrónico único en el que las autoridades de cualquier autonomía (las madrileñas, en este caso) podrán consultar si el fontanero en cuestión (o cualquier otra empresa o profesional) cuenta con el permiso del lugar de origen.

Competencias
Pese a ser una de las reformas estrella del presente curso político, y después de varios aplazamientos (su aprobación estaba prevista para finales de 2012), curiosamente la norma no fue explicada tras el Consejo de Ministros de ayer por su principal muñidor (el ministro de Economía, Luis de Guindos, que se encontraba en el Foro de Davos), sino por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien hizo hincapié en que no se trata de una ley "recentralizadora", sino que "respeta las competencias autonómicas".
Según explicó, la Ley de Unidad de Mercado se basa en el "principio de confianza mutua", de forma que todas las comunidades y los ayuntamientos se fíen de que las empresas y los profesionales que operen en su territorio dispongan de los permisos expedidos por las autoridades de su lugar de procedencia. Con todo, la norma introduce la creación de un Consejo Nacional de Unidad de Mercado que, en colaboración con el Gobierno central y las autonomías, vigile el cumplimiento del nuevo marco legal. En caso de que un empresario considere que la Administración (autonómica o local) no está respetando la nueva Ley, con el consecuente perjuicio para su negocio, podrá acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (el nuevo superregulador, de inminente creación) para que resuelva el conflicto. En caso de que la CNMC observe una vulneración de la unidad de mercado, podrá interponer un recurso ante los tribunales pertinentes. Si éstos también perciben una infracción de la Ley, tendrán la capacidad de suspender la regulación autonómica en cuestión.
El Gobierno también ofreció datos económicos que avalan esta reforma. Así, según cálculos del Ministerio de Economía, la eliminación de trabas burocráticas y el aumento de la competitividad que provocarán la Ley supondrá un aumento del 1,52% del PIB durante los próximos diez años, a razón de un crecimiento del 0,15% cada año. O, lo que es lo mismo, 1.500 millones de euros anuales.
La Ley pasará ahora a tramitación parlamentaria, y desde Economía consideran que podría aprobarse en las Cortes "en un plazo de cinco o seis meses".

Fuente :Yago González. Madrid


¿QUIÉNES SOMOS? SISEGURIDAD.ES un grupo de expertos profesionales de la seguridad privada que tenemos como objetivos constituir un foro de analisis, reflexión, cooperación activa para la prevención de riesgos promover la filosofia y cultura de la seguridad con nuestra experiencia y formación en seguridad privada estamos acreditados por el Ministerio de Interior su Dirección General de la Policia como Directores de Seguridad , disponemos de formación y experiencia multidisciplinar para ser sus consultores en la creación de un Departamento de Seguridad en su Empresa o asesorar al ya constituido, como redactar proyectos de seguridad canalizando sus sugerencias y propuestas impulsando una cooperación activa entre Uds. como responsables de empresas y instituciones privadas y públicas.

26/01/2013