La Policía Nacional detiene a ocho personas y desmantela una red de prostitución en Cantabria

Desmantela una red de prostitución en Cantabria

Policía Nacional
Santander y Torrelavega (Cantabria), Vinaroz (Castellón), 14/01/2020
Tres mujeres han sido liberadas La investigación se inició gracias a una denuncia recibida en el teléfono 900 10 50 90, Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional
La organización desmantelada explotaba sexualmente a mujeres procedentes de Colombia, utilizando para ello dos pisos de citas ubicados en Santander y Torrelavega
La operación culminó con el registro de tres domicilios en Cantabria donde se incautaron 6.840 euros en efectivo y numerosa documentación
Agentes de la Policía Nacional ha desmantelado en Cantabria una red criminal dedicada, presuntamente, a la trata y explotación sexual de mujeres procedentes de Colombia. La investigación policial se inició gracias a una denuncia telefónica recibida en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional (teléfono 900 10 50 90), que sacaba a la luz la existencia de una organización criminal de origen colombiano que explotaba sexualmente a mujeres en dos pisos de citas ubicados en Santander y Torrelavega. La operación policial ha finalizado con la liberación de tres mujeres y la detención de ocho integrantes de la red -cuatro en Santander, tres en Torrelavega y uno en Vinaroz (Castellón)-.
La investigación comenzó con la denuncia telefónica presentada en el Servicio de Atención a las Victimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, que ponía de manifiesto la existencia en Cantabria de un clan familiar de origen colombiano que se dedicaba, presuntamente, a captar mujeres en situación de gran vulnerabilidad y extrema necesidad para, con falsas promesas laborales, trasladarlas desde Colombia hasta España donde finalmente eran obligadas a prostituirse.
Organización definida y estructurada
Tras diversas gestiones, los agentes constataron que la organización tenía una estructura muy definidada, estando lideraba por una mujer que dirigía toda la red desde el municipio cántabro de Torrelavega. En el siguiente nivel de la organización se encontraban sus dos hijos que se encargaban del  traslado de las mujeres a Cantabria, el control de los pisos de citas y de la gestión de los anuncios de los servicios sexuales en diversos portales de Internet. Por otro lado, la red contaba con un captador, residente en Colombia, que era el encargado de captar a mujeres vulnerables con falsas promesas de trabajo en España y entregarlas el dinero necesario para que éstas pudieran viajar a la Península.
Una vez en España, las mujeres eran trasladadas a dos pisos de citas, uno en Santander y otro en Torrelavega, donde eran recibidas por las encargadas o "mamis", último escalón de la red. En esos pisos eran obligadas, bajo amenazas y coacciones, a ejercer la prostitución para hacer frente a la deuda que habían contraído por los gastos del viaje y que ascendía a más de 5000 euros. Además, las mujeres eran vigiladas a través de cámaras instaladas en los pisos y sólo podían salir a la calle una hora al día acompañadas por algún miembro de la organización.
Las "mamis" eran las encargadas de recaudar semanalmente todos los ingresos obtenidos por las mujeres. El 50 % de los ingresos de cada mujer se los quedaba la organización, y del 50% restante, cada mujer sólo podía disponer de 100 euros para sus gastos de alimentación, vestimenta e higiene; el resto de ese porcentaje estaba destinado al pago de la deuda adquirida con la red.
Para poner fin a la actividad delictiva, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de tres domicilios en la comunidad cántabra, uno en Santander y dos en Torrelavega, en los que se ha intervenido 6.480 euros, varios teléfonos móviles y abundante documentación.
El teléfono de la trata: 900 10 50 90 no refleja la llamada en la factura
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que dispone de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, siempre anónima y confidencial, sin que quede reflejada en la factura telefónica.

Otras noticias: El Gobierno facilita el despido colectivo de personal de la Administración

ELMUNDO.es | Madrid
El Gobierno ha suavizado las exigencias para aplicar despidos colectivos entre el personal laboral de la Administración -excluidos los funcionarios- al rebajar la caída de la aportación presupuestaria del 10% al 5%.
Según publica este martes el BOE en el Título III (dedicado específicamente al despido colectivo del personal laboral), la norma valora tres tipos de "causas de despido": las económicas, cuando se produzca una situación "de insuficiencia presupuestaria persistente para la financiación de los servicios públicos"; lastécnicas, si concurren "cambios en el ámbito del os medios o instrumentos de la prestación del servicio público"; y lasorganizativas, cuando se alteran "los sistemas y métodos de trabajo del personal".
Asimismo, se podrán hacer efectivos cuando "en el ejercicio anterior la Administración pública hubiera presentado una situación de déficit presupuestario", o bien cuando "las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

Caídas presupuestarias

La norma que regula los despidos colectivos concreta que "se tendrán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria". En el borradordel Real decreto se fijó ese descenso en el 10%.
Además, se establece que tendrán "prioridad de permanencia"el personal fijo "que hubiera adquirido esta condición a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto".
Actualmente hay un millón de trabajadores con contrato de personal laboral, entre los 700.000 fichados por la Administración y los 328.000 por las empresas públicas y consorcios del país. Este personal laboral conforma junto a los funcionarios el llamado empleado público.
El Gobierno ha suavizado las exigencias para aplicar despidos colectivos entre el personal laboral de la Administración -excluidos los funcionarios- al rebajar la caída de la aportación presupuestaria del 10% al 5%.
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