El papel fundamental de las fuerzas de seguridad en la instrucción del delito


El papel fundamental de las fuerzas de seguridad en la instrucción del delito


La instrucción delictiva es la primera respuesta que ante la comisión de un delito público se da por parte del Estado. En ella interviene un conjunto de personas, siendo que el juez, el fiscal y las fuerzas policiales juegan una posición fundamental en la aclaración de lo sucedido. Por ello es fundamental la manera de redactar y de estructurar un atestado. Cuando estas diligencias son presentadas al juez instructor, éste ha de llevar a un cabo unas averiguaciones que se encaminen a la resolución y enjuiciamiento de los hechos.El comienzo suele venir dado por la interposición de una denuncia o es fruto de las investigaciones o incluso las casualidades que también en ocasiones permiten el descubrimiento de un hecho delictivo. El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECR), refiere la obligación ciudadana para contra los delitos de carácter público. “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o Funcionario Fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.

Normalmente, el ciudadano no acude directamente a la autoridad judicial sino que prefiere por diferentes causas hacerlo ante la fuerza policial. En muchas ocasiones, la elegida es la Guardia Civil.Esto responde a factores tan importantes como la proximidad al ciudadano al disponer de puestos, compañías o comandancias según el lugar, pero que al fin y al cabo comprenden a un amplio sector cívico, que reside tanto en pequeñas como en abultadas poblaciones. Esto le confiere a la Benemérita una importancia extrema, ya que la inmediatez del conocimiento de los hechos es fundamental a la hora de poder dar certeza a los mismos.



Por ello, es fundamental la manera de redactar y de estructurar un atestado. Cuando estas diligencias son presentadas al juez instructor, éste ha de llevar a cabo unas averiguaciones que se encaminen a la resolución y enjuiciamiento de los hechos.

En todo atestado deberá figurar en primer lugar la fecha de los hechos. Este dato es fundamental para que el juez pueda declararse competente si el asunto proviene de un reparto de guardia judicial. Cierto es que a veces puede ocurrir que se produzca un delito conexo, continuado o que el descubrimiento del hecho delictivo se produzca con posterioridad a su comisión sea poco o mucho más tarde. En este último caso la fecha de descubrimiento del delito será también consignada.

Así mismo, le lugar donde ocurren los hechos también ha de especificarse. También este supuesto determina la competencia del Juez. El criterio general es como dice el artículo 14.2 LECR. “Para la instrucción de las causas, el juez de instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción respecto de los delitos que la Leydetermine”. También existen particularidades respecto de la comisión de diferentes tipos delictivos, que varían el fuero y competencias según la especialidad de los jugados. Por esto es muy importante determinar el lugar de comisión de los hechos. Pero a veces no se puede determinar, por lo que también habría que especificar que no se conoce dónde se han producido los hechos ya que a veces sólo se tiene constancia de un resultado delictivo desconociendo su origen. Por ello, cuando no se conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito serán jueces y tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:

-        El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
-        El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo hay sido aprehendido.
-        El de la residencia del reo presunto.
-        Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si bien, en cuanto se tenga constancia del lugar de comisión, se inhibirá quien esté conociendo al tribunal competente (art. 15. LECR).

Se deben determinar las personas que intervienen. Solo de esta manera es posible conocer quién es el perjudicado, quiénes los testigos y quién el posible imputado. Es habitual conocer al primero de ellos, e incluso que sea aquel quien facilite el nombre o características de los testigos. Pero suele ser habitual en determinados tipos de delitos sobre todo, verbigracia en delitos contra el patrimonio, en los que conociendo el resultado no se puede determinar una posible autoría. En este caso, el atestado también ha de referir el carácter desconocido del comitente. De este modo, también la LECR da referencia al juez para actuar. Y es que el asunto puede quedar archivado provisionalmente hasta que pueda aparecer el posible o los posibles autores.

Procederá el sobreseimiento provisional:

-        Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
-        Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no hay motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.
-        Si se conoce el o los autores, se puede actuar por parte de fuerza policial de diferentes maneras bien sea practicando la detención del mismo o citándole para comparecer ante ellos o bien directamente ante el juez. Hablar de la detención y de cuándo resulta oportuna, ha de ser objeto de artículo diferente, pues el presente intenta ofrecer una visión de conjunto e intenta hacer comprender la importancia de los partícipes en la defensa de la justicia penal.

De hecho, al hilo de lo expuesto en el artículo 777 de la LECR, y en referencia a la especial dependencia entre el órgano judicial y la Policía Judicial, el juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas en el presente Título. Cuando por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el juez de instrucción practicará inmediatamente la misma, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes.

Efectuados los pronunciamientos anteriores y descritos los hechos que van a ser objeto de calificación, será necesaria la práctica de diligencias al respecto. Estas diligencias han de proteger cada una de las pruebas que de la comisión delictiva puedan aparecer evitando su falseamiento o su destrucción. La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar, según su atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.

Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (art. 282 LECR).

Cuando el juez haya practicado todas las diligencias que considere necesarias, entre las que se encuentran las declaraciones de imputados, la obtención de sus antecedentes penales o el ofrecimiento de acciones a los perjudicados así como declaración testifical de los que tuvieren conocimiento de los hechos, la valoración de los bienes en caso de delitos contra las personas, se dictará el conocido como “auto de procesamiento” según la relevancia penal y su adscripción a uno u otro tipo procedimental.

El artículo 779.14º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el auto de transformación a procedimiento abreviado, así preceptúa que, practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el juez adoptará mediante auto alguno de las siguientes resoluciones: “si el hecho constituyere delito comprendido en el artículo 757 LECR seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la qu se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquella en los términos previstos en el artículo 775 del mencionado texto legal”.

El Auto de transformación o de acomodación al procedimiento abreviado tiene por objeto determinar la legitimación pasiva del proceso penal, siendo contenido mínimo del mismo fijar los hechos punibles y las personas frente a las cuales se dirige el procedimiento, llevando a efecto, previa declaración de las mismas una imputación formal. Este auto vincula a las partes respecto a los hechos y sujetos, debiendo existir una correlación objetiva-subjetiva entre la presente imputación judicial que el juez formule, debiendo recurrir las partes exclusivamente cuando no incluye hechos punibles o personas como imputados.

Este auto supone el fin de la instrucción del procedimiento referido, si bien no obsta a la práctica de diligencias complementarias que permitan al Ministerio Fiscal o a la acusación particular ejercer su derecho/obligación de acusación frente al imputado. Con esto no termina tampoco la colaboración de la fuerza policial, pues una vez decretada la apertura de juicio oral puede ser requerida como testigo, pues como ya se dijo, la inmediatez, muy especialmente en el caso de la Guardia Civil, supone que su papel sea determinante para que la ley y la justicia puedan ver cumplidas las expectativas y las obligaciones que deposita la ciudadanía en sus agentes.




Fuente: Revista Guardia Civil
Fecha: 2012/04/01