MEDIDAS DE SEGURIDAD CAJEROS DESPLAZADOS-II

MEDIDAS DE SEGURIDAD CAJEROS DESPLAZADOS-II


las eventualidades que pudieran surgir, motivadas por la activación del sistema de
seguridad del cajero.

· La existencia, también permanente, en el lugar, de vigilantes de seguridad que
puedan atender, como en el supuesto anterior, de forma adecuada e inmediata,
cualquier situación creada por un intento de robo o atraco o similar.
· Que el establecimiento cuente con un control de accesos que permita la grabación
de imágenes, identificación y seguimiento de cada una de las personas que acceden
a su interior.
En todos los casos en que se conceda la exención de esa medida, la central de
alarmas a la que esté conectado el sistema de seguridad del cajero desplazado, deberá
estar perfectamente informada de las medidas sustitutorias, para poder dar el aviso
pertinente a quien, en estos supuestos, tenga la responsabilidad de la custodia y, en su
caso, del visionado de las imágenes.
Cuando, por cualquier causa, desaparezcan o se modifiquen las circunstancias
que justificaron la concesión de la exención, ésta quedará automáticamente revocada,
siendo obligatoria, por parte de la entidad propietaria del mismo, la instalación inmediata
del preceptivo sistema de captación y registro de imágenes del que había sido dispensado.
Igualmente, de concederse la dispensa por la existencia y apreciación de alguna
de las medidas sustitutorias anteriormente citadas, cualquiera que ésta sea, en nada
alterará el juego de la responsabilidad que a la entidad financiera le incumbe, que en
ningún caso podrá entenderse trasladado a un tercero.
Respecto a los anclajes de estos cajeros desplazados, se aplicará lo establecido
en la Disposición adicional segunda de la Orden INT 317/2011, sobre medidas de
seguridad privada.
Tipos y características de las cámaras
Por otra parte, aquellas situaciones que, por la ubicación del cajero u otras
circunstancias, no fuera aconsejable o posible solicitar la exención de esta medida, y ante
las posibles dudas que puedan plantearse a la hora de decidir el tipo o características que
debe reunir este elemento, en primer lugar, y como base de la elección, habrá que recurrir
al contenido del mencionado artículo 120, que exige, basándose en la finalidad que se
persigue, que la cámara sea capaz de permitir la identificación de los autores de los delitos
contra la propiedad o las personas.
De forma general, y desde un punto de vista técnico, cuando se trate de cámaras
integradas, o no, en los cajeros desplazados, estas deben estar dotadas de una lente de
gran angular, es decir de unos 85º de apertura, de forma que aseguren que se cubre el
frente y los laterales del cajero.
- 4 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
En los casos en que se utilice el sistema de CCTV existente en el entorno, en lugar
de contar con una cámara propia en el cajero, será conveniente contar con cámaras
capaces de hacer zoom suficiente para llegar hasta un reconocimiento facial perfecto y con
una cobertura muy amplia, es decir, cámaras con lentes ajustables que tengan una
amplitud de campo y definición de imagen tal, que se pueda abarcar un gran campo de
visón y llegar a la identificación de un sujeto sin duda.
En relación a la cámara integrada en un cajero desplazado, la única especificación
técnica que se podría dar es que tiene que ser una lente de gran angular, es decir que
tenga un ángulo de visión de unos 85º de apertura, con lentes de 1/3”, a partir de unos
2,8mm. Estas son las características de una lente de gran angular, asegurando con ellas
que se cubre el frente y los laterales del cajero
Grado de seguridad exigido
Por otra parte, se han planteado dudas acerca de si la reubicación de un cajero
desplazado conllevaría la obligación de adecuar el sistema de seguridad electrónico al
grado 3, exigido por la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero.
A este respecto, hay que referirse al contenido del artículo 136 del Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada,
que recoge lo siguiente:
“Cuando se pretenda la apertura o traslado de un establecimiento u oficina, cuyos
locales o instalaciones hayan de disponer, en todos o algunos de sus servicios, de medidas
de seguridad determinadas en este Reglamento, el responsable de aquéllos solicitará la
autorización del Delegado del Gobierno, el cual ordenará el examen y comprobación de las
medidas de seguridad instaladas y su correcto funcionamiento, a los funcionarios que
tienen atribuidas legalmente dichas facultades”.
Además de lo anterior, la disposición transitoria segunda de la Orden
INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en el
ámbito de la seguridad privada, recoge que:
“Los sistemas de alarma que se instalen y conecten, a partir de la entrada en vigor
de la presente Orden, con centrales de alarmas o con centros de control, cumplirán con los
requisitos y grados de seguridad previstos en la misma, según lo establecido en las
Normas UNE-EN contempladas en el artículo 3 de esta Orden.”
Por lo tanto, dado que la reubicación de un cajero desplazado supone, a todos los
efectos, la apertura de una oficina bancaria nueva, que llevaría aparejados los mismos
trámites que cualquier otro establecimiento, incluida la preceptiva inspección y autorización
de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, la instalación de los sistemas electrónicos
que se le exigen a estos, deberá cumplir la normativa actual, es decir, contar con el grado
de seguridad 3 previsto en la Orden INT/317/2011.
- 5 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Respecto a la adecuación del resto de las medidas con que deben contar los
cajeros automáticos desplazados, la disposición transitoria única de Orden INT/317 de 1 de
febrero, sobre medidas de seguridad, recoge que “Los elementos de seguridad física y
electrónica y los sistemas de alarma, instalados antes de la fecha de la entrada en vigor de
la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados, se adecuarán a la misma
en el plazo de diez años.”
Ello implica que, si se tratase de la sustitución de un cajero existente ya autorizado
en ese lugar, por otro también autorizado, y siempre que éste último pertenezca a la misma
entidad bancaria, o al grupo formado consecuencia de una fusión, se considerará que las
medidas con que ya cuentan, al ser anteriores a la entrada en vigor de estas órdenes y
como en cualquier otra oficina o establecimiento obligado, solo deberán ser adecuadas al
grado y características exigidas antes de finalizar el período de adecuación recogido en la
disposición transitoria única de la Orden INT 317, sobre medidas de seguridad, es decir de
diez años. Todo lo anterior salvo cualquier modificación o sustitución de alguno de los
elementos instalados ya que, en ese caso, también, como en cualquier otro, llevará
aparejada su adecuación a los requisitos exigidos por la normativa actual.
CONCLUSIONES
Los cajeros desplazados, al tener, a todos los efectos, la consideración de oficinas
bancarias, estarían obligados a contar con un sistema de captación y registro permanente
de imágenes, de las características recogidas en la normativa de seguridad privada,
conectado, además, con la central de alarmas que les preste servicio.
Ante las notables diferencias de seguridad que pueden existir entre los distintos
lugares en que estén ubicados unos y otros, se prevé la posibilidad de exenciones, que
dependerán, en cualquier caso, de las condiciones del lugar en que se instalen estos.
Por tanto, teniendo en cuenta el lugar de instalación del cajero y considerando el
uso al que se destinan las instalaciones, así como la existencia de sistemas de seguridad o
la prestación de servicios de vigilancia permanente, o de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
podría serle de aplicación lo establecido en el art. 125 del RSP, para su valoración.
Para el supuesto del apartado anterior, es decir, la exención de una de las
medidas obligatorias, cual es la de disponer de un sistema de captación y registro de
imágenes, conectado, además, a una central de alarmas, que permita la verificación de las
señales, será necesario, en todo caso, la solicitud de la entidad titular del establecimiento
obligado, en la que expondrá las circunstancias que concurren y que, básicamente, se
extraen de lo anteriormente expuesto.
La solicitud referida deberá ir dirigida a la Delegación o Subdelegación del
Gobierno de cada territorio y, con la finalidad de agilizar el trámite de autorización, es
aconsejable que la misma sea presentada en la Unidad Territorial de Seguridad Privada
competente que, a su vez, la remitirá, junto con el resto de documentos, al órgano superior
referido, en cumplimiento del art. 136 del RSP.
- 6 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA
Dada la trascendencia que la obligatoriedad de la instalación de esta medida tiene
para los establecimientos objeto de este informe, debido al numeroso parque ya instalado
de cajeros desplazados con que cuentan, y siempre que su exención no suponga un
detrimento de la seguridad que se persigue con ella, teniendo en cuenta, además, los
factores arriba mencionados, e intentando que todas las unidades territoriales se guíen por
criterios uniformes, se informarán positivamente las solicitudes que se realicen, siempre
que se cumplan las condiciones previstas en este informe, u otras que, sin estar
enumeradas, lo permitan o aconsejen.
Por último, y respecto a la segunda de las consultas planteadas, sobre la
adecuación del resto de las medidas electrónicas, significar que únicamente será
obligatoria en los casos en que se trate de la reubicación de un cajero desplazado en un
lugar nuevo, no en la sustitución de uno ya instalado y autorizado, por otro también
desplazado e instalado y autorizado en otro lugar, dado que en el primer supuesto habría
que tratarlo necesariamente como una nueva apertura, y aunque la reubicación del cajero
en sí, al cumplir las condiciones que se exigen, se deba permitir, le será exigible que las
medidas electrónicas con que debe contar, excepto el sistema de grabación de imágenes,
cuando sea procedente, cumplan con el preceptivo grado de seguridad, como cualquier
otro establecimiento obligado.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta
sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los
descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que
contra el mismo no cabe recurso alguno.
EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE SEGURIDAD PRIVADA
Fdo.: Esteban GÁNDARA TRUEBA

Comentarios